En otras palabras, la disputa ya no se limita a si los habitantes deben confiar en la ciencia presentada por el gobierno.

Cada vez más, se trata de quién tiene derecho a producir la evidencia.

El agua es solo una parte del riesgo

Incluso un rediseño exitoso del sistema de agua no resolvería otra de las principales preocupaciones de las comunidades: la seguridad industrial.

El ingeniero e investigador José Luis Luna, quien anteriormente trabajó en automatización industrial para Pemex, señala la escala de la operación propuesta: una producción de aproximadamente 2,200 toneladas de amoniaco al día y capacidad para almacenar hasta 75,000 toneladas.

La producción de amoniaco requiere altas temperaturas y altas presiones, y utiliza hidrógeno además de amoniaco anhidro, explicó.

“La planta esta de amoníaco… es para producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoníaco”, dijo Luna, contrastando su escala con instalaciones de almacenamiento existentes en Topolobampo. “La planta de Topolobampo maneja 20,000 toneladas máximo, pero esta planta tendría 75,000 toneladas.”

La propia evaluación de riesgo ambiental de la empresa analizó decenas de posibles accidentes. Según Escobedo-Urías, varios fueron clasificados dentro del propio estudio como riesgos inaceptables.

“Hay 33 escenarios de riesgo en los cuales ocho de ellos son inaceptables”, dijo. Según explicó, esos escenarios podrían implicar lesiones o incluso muertes.

Los dirigentes comunitarios exigen ahora modelos de riesgo actualizados, planes de respuesta ante emergencias y reglas claras sobre responsabilidad legal, indemnización y sanciones si no se cumplen los compromisos.

Por eso, por importante que sea mover las tuberías de agua, hacerlo no basta para resolver el conflicto.

Por ahora, las tuberías siguen quietas

GPO-Proman ha aceptado participar en el nuevo proceso técnico y mantiene su intención de terminar la planta de amoniaco.

Las comunidades han aceptado permitir un acceso limitado para labores de mantenimiento bajo su propia supervisión, pero la construcción sigue detenida y el plantón continúa.

Para Escobedo-Urías, la cuestión central no es si Ohuira puede absorber un impacto más, sino si ha llegado el momento de revertir décadas de deterioro.

El rediseño propuesto por el gobierno podría llegar a demostrar que los ingenieros pueden separar el sistema de agua de la planta de amoniaco de la bahía de Ohuira.

O los nuevos estudios podrían demostrar que, en una laguna poco profunda e interconectada donde el agua puede permanecer durante semanas, la frontera entre “dentro” y “fuera” de la bahía no es tan sencilla como mover una tubería en un mapa.

Por ahora, los científicos vuelven al agua, las comunidades permanecen en la mesa de diálogo y, frente a las puertas de la planta, ¡Aquí No! sigue siendo la respuesta.

Tracy L. Barnett es una periodista independiente radicada en Guadalajara, México. Es fundadora deThe Esperanza Project, una revista bilingüe dedicada a temas de medio ambiente, pueblos indígenas y derechos humanos en las Américas.